Fortalecerán la participación de las instituciones de asistencia social

Fortalecerán la participación de las instituciones de asistencia social

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Hermosillo, Son. 21 de febrero de 2017.- Una mayor participación de las instituciones de asistencia social, bajo la rectoría del Gobierno del Estado, que les permita sumar esfuerzos de manera coordinada y maximizar los resultados en beneficio de quienes más lo necesitan, plantea el Decreto aprobado en sesión ordinaria, que reforma y adiciona la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora.

 

Este dictamen se fundamenta en una iniciativa que el pasado 27 de enero presentó ante el Pleno del Congreso el diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, con el objeto de fortalecer la participación de dichas instituciones y ampliar las facultades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

 

El Decreto que reforma los artículos 14, fracciones XVIII y XIX; 48 y 49, y adiciona una fracción XX al Artículo 14, todos de la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora, fue leído por la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, a nombre de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública.

 

De acuerdo a la propuesta que hizo el diputado Salido Pavlovich, la dictaminadora la calificó como viable, al considerar que de esta manera habrá una nueva relación entre las autoridades estatales y las instituciones sociales, lo que les permitirá contar con mayor apoyo gubernamental, así como un campo de acción más amplio y fructífero.

 

El dictamen establece en la exposición de motivos que, aún y cuando se reconoce el esfuerzo de las autoridades gubernamentales que en el Estado actúan dentro de este ámbito, queda claro que dicho esfuerzo, aunque loable, no ha sido suficiente para atender los casos de marginación social existentes.

 

Al estudiar la iniciativa del diputado Salido Pavlovich, la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública retomó lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, que resume diversos indicadores de carencias sociales, como son: educación, acceso a servicios de salud, a servicios básicos, a calidad y  a espacios en la vivienda.

 

“El Estado de Sonora se encuentra dentro de los últimos lugares a nivel nacional en el tema de marginación social, sin embargo, esa no es razón para no atender esta problemática que aún afecta a miles de familias sonorenses, y que, de manera indirecta, afectan el desarrollo económico de todo el Estado”, externó la diputada Díaz Brown Ojeda.

 

En esta sesión ordinaria, la totalidad de los integrantes de la LXI Legislatura, atendiendo peticiones del movimiento «No al Gasolinazo Sonora», se pronunciaron a favor de políticas públicas encaminadas a que las familias mexicanas tengan una vida digna, al resolver enviar exhortos a diversas autoridades federales para que aumente el salario mínimo vigente y sean eliminadas las casetas de cobro ubicadas en las carreteras federales que se encuentran en el Estado.

 

Con exhortos dirigidos, en el primero de los casos a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y en segundo término, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el Congreso del Estado da respuesta, una vez más, a dos de las más sentidas demandas ciudadanas.

 

A nombre de los integrantes del Poder Legislativo, el diputado Jorge Luis Márquez Cázares dio lectura a la iniciativa con punto de Acuerdo que establece que el nivel de vida está íntimamente ligado al salario real que se percibe y, en el caso mexicano, la pérdida del poder adquisitivo del salario ha mantenido a las personas en un estado permanente de pobreza.

 

“Por lo cual es ineludible que el Estado mexicano, bajo un proyecto de política social más amplio, considere el incremento al salario mínimo como una de las principales herramientas en el combate a la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos”, expresó.

 

Márquez Cázares agregó que es preciso replantear y evaluar acciones en el Estado para el combate a la pobreza y el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y humanas de vida; políticas públicas que, por una parte, puedan mejorar los ingresos y empleos, y evitar la pérdida de poder adquisitivo, y por otra, puedan brindar un sistema universal de acceso a derechos sociales, sin dejar de lado políticas específicas para reducir la brecha social de la población.

 

El Acuerdo resuelve exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que lleve a cabo las acciones que sean necesarias con el objeto de aumentar el salario mínimo vigente, en base a una escala móvil de salarios que permita una vida digna para las familias mexicanas.

 

El segundo exhorto, al que dio lectura el diputado Ramón Antonio Díaz Nieblas, se refiere a que, en ejercicio de las facultades y atribuciones competenciales que les correspondan, autoridades federales realicen las acciones que sean necesarias para la eliminación de las casetas de cobro ubicadas en las carreteras federales que se encuentran en el Estado de Sonora, con la finalidad de garantizar el libre tránsito, sin costo alguno, por todo el territorio sonorense.

 

Expuso que en el Estado de Sonora, al igual que en otras partes del país, la ciudadanía identifica como un abuso de parte de la Federación, el exceso en el número de casetas de cobro que operan en el Estado, a lo que se suma el hecho de que las carreteras se encuentran generalmente en deplorables condiciones que no justifican tener que pagar para poder transitar por ellas.

 

“A lo anterior se suma la ausencia de congruencia en la fijación de las cuotas de peaje que se cobran en dichas casetas, no siendo claros los procedimientos que se llevan a cabo para determinar los aumentos, que han provocado un menoscabo desmedido e injusto en el patrimonio de diversos sectores productivos importantes para el desarrollo económico del Estado y del país, que se ven obligados a transitar sus vehículos por nuestras carreteras”, aseveró.

 

La iniciativa, que signan los 33 integrantes de la LXI Legislatura, está dirigida al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, CAPUFE.

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