Apoya el Congreso del Estado a los 72 municipios para atender marginación y pobreza

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Hermosillo, Son. 3 de marzo de 2016.- Por considerar como una obligación ineludible la atención de zonas con alto grado de marginación en todo el territorio sonorense, el Congreso del Estado aprobó un Decreto que busca apoyar a los 72 municipios de la entidad con recursos para el desarrollo de infraestructura, con base en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

 

Las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, presentaron al Pleno la propuesta, misma que con base a una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo estatal, pretende beneficiar a la totalidad de los municipios, particularmente a los que aún sufren condiciones de rezago social y pobreza extrema.

 

La diputada Flor Ayala Robles Linares, a nombre de ambas comisiones, expuso ante el Pleno que mediante la aprobación de este Decreto, los 72 municipios podrán contratar créditos o empréstitos hasta por los montos que se determinen para cada caso, y para afectar el derecho y los ingresos que les correspondan en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, como fuente de pago de los mismos y mediante el mecanismo de pago que se precisa.

 

En su iniciativa, la Gobernadora del Estado hizo del conocimiento de la LXI Legislatura que, con el propósito de acelerar y mejorar las acciones municipales en materia de desarrollo social, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 21 de diciembre de 2007, se modificó la Ley de Coordinación Fiscal.

 

Entre otros aspectos, para permitir la afectación de hasta el 25 por ciento de las aportaciones que correspondan a los municipios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIS, como fuente de pago de los financiamientos a cargo de los propios municipios, en la medida en que dichos recursos fueran destinados a los fines autorizados por el Artículo 33 de la referida legislación.

 

La diputada Ayala Robles Linares explicó que, aunque la aprobación del Decreto representa una autorización directa para que los municipios contraten créditos o empréstitos, no debe perderse de vista que los montos que serán afectados como fuente de pago quedan sujetos al 25 por ciento de los recursos que le corresponden al Ayuntamiento respectivo del Fondo referido.

 

“Por lo que no representaría una carga económica adicional que pueda desequilibrar las finanzas públicas municipales de aquellos municipios que lleven a cabo las operaciones de mérito, además de que quedan supeditados a un objetivo social para beneficiar a los que menos tienen, recogiendo los fines comprendidos en el mismo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”, expresó.

 

Además de que los contratos que se lleven a cabo, derivados de la autorización, tendrán un plazo que no podrá exceder del primer día del mes de septiembre de 2018, dijo, lo que permitirá evitar perjudicar a las administraciones posteriores, por las obligaciones que se adquieran derivadas de la celebración de dichos actos.

 

En esta sesión ordinaria, el Pleno también aprobó otros tres decretos, uno que autoriza al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, para que realice la reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda pública directa del municipio hasta por la cantidad de 410 millones de pesos con la institución de la banca comercial que mejores condiciones contractuales ofrezca.

 

Al dictamen le dio lectura, a nombre de la Segunda Comisión de Hacienda, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, en tanto el diputado José Luis Castillo Godínez leyó el dictamen de Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Bácum, Sonora, a otorgar como garantía y/o fuente de pago alterna, un porcentaje suficiente y necesario de los derechos de las participaciones que en ingresos federales le corresponden a dicho municipio.

 

Lo anterior para garantizar la contraprestación derivada del contrato de autoabastecimiento de energía eléctrica celebrado entre la empresa Synergy Kapoverdia, S.A. de C.V. y el Ayuntamiento de Bácum, Sonora.

 

El diputado Javier Dagnino Escoboza dio lectura al dictamen de Decreto en los mismos términos del anterior para el Ayuntamiento del municipio de Baviácora.

 

En el desarrollo de la sesión, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada Lisette López Godínez presentó el dictamen que resuelve dejar sin efecto el Acuerdo número 182, de fecha 2 de junio de 2011, solamente por lo que corresponde al ciudadano Luis Enrique Pérez Alvídrez.

 

El resolutivo establece que dejará de aplicar, en perjuicio del quejoso, el párrafo segundo del Artículo 314 de la Ley Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que dentro del marco legal de la entidad ya no se encuentra vigente el Código Electoral para el Estado de Sonora, aprobado el 28 de junio de 2005 ni el referido artículo, segundo párrafo, por lo que su aplicación presente y futura no es jurídica ni materialmente posible.

 

Por lo tanto se instruye al Presidente del Poder Legislativo, para que sea el conducto por medio del cual se realice la comunicación con el Tribunal Electoral del Estado de Sonora, para el efecto de que colabore con esta Soberanía, permitiendo tener acceso al trabajo realizado por el ciudadano Luis Enrique Pérez Alvídrez y remita la información necesaria para su evaluación.

 

Iniciativas con exhorto y de decreto

La diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda presentó ante el Pleno una iniciativa con punto de Acuerdo mediante la cual solicitó al Congreso del Estado, resuelva hacer un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para que en las escuelas de educación básica, públicas y privadas, se implementen materias que fomenten los valores.

 

Con especial énfasis, dijo, en el valor del respeto, a efecto de prevenir la violencia escolar en los planteles educativos, además de considerar la necesidad de que la escuela transmita valores para desarrollar al ser humano en forma integral.

 

Al Acuerdo se sumaron los diputados Omar Alberto Guillén Partida, Iris Fernanda Sánchez Chiu, María Cristina Gutiérrez Mazón y Carlos Alberto León García.

 

Y a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático turnó la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo con exhorto dirigido al Director General de la Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, en el marco de sus atribuciones competenciales, realicen las acciones conducentes para reclasificar la tarifa de energía eléctrica de uso doméstico que actualmente se cobra en los municipios de Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Cananea y General Plutarco Elías Calles.

 

El diputado Carlos Manuel Fu Salcido dio lectura al Acuerdo, a nombre suyo y de los diputados Lina Acosta Cid, Célida Teresa López Cárdenas, Javier Dagnino Escoboza y José Armando Gutiérrez Jiménez, quienes consideraron la importancia de que se cobre una tarifa con mayor subsidio federal y esté más acorde a sus condiciones climatológicas, lo que redunde en una mejora de la economía de las familias.

 

Otra iniciativa turnada, ésta a la Primera Comisión de Hacienda, fue la que presentó la diputada Rosario Carolina Lara Moreno, con proyecto de decreto por el que se modifica el Artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.

 

Expuso que lo que se pretende establecer en lo inmediato es un límite para la contratación de adeudos en el presente ejercicio fiscal y evitar continuar engrosando las cuentas públicas, además de que los faltantes de pagos no se conviertan en ADEFAS (Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior). A esta iniciativa se sumó la diputada Flor Ayala Robles Linares.

 

Como penúltimo punto del orden del día, el diputado Juan José Lam Angulo, representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó un posicionamiento con relación a la agenda legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.

 

Entre los aspectos que destacó que impulsará se encuentran la educación, la protección de la familia, el deporte, la seguridad, la atención a los pueblos y comunidades indígenas con educación, salud, agua de calidad, respeto a sus usos y costumbres; transparencia y rendición de cuentas, justicia laboral y social, e igualdad de género.

 

La próxima sesión del Pleno será el martes 8 de marzo, a las 11:00 horas.

 

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