Feminicidio: ¿delito autónomo?

Feminicidio: ¿delito autónomo?

Durante éste año Sonora ha aumentado un 125% la violencia hacia las mujeres, particularmente el asesinato por razones de género, llegando a ocupar el tercer lugar de homicidios de este tipo en el país, siendo las niñas y las jóvenes la población más afectada, destacó Leyla Acedo Ung.

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Leyla Acedo Ung

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, durante éste año Sonora ha aumentado un 125% la violencia hacia las mujeres, particularmente el asesinato por razones de género, llegando a ocupar el tercer lugar de homicidios de este tipo en el país, siendo las niñas y las jóvenes la población más afectada, destacó Leyla Acedo Ung.

La investigadora de El Colegio de Sonora comentó que la dictaminación del tipo penal feminicidio propuesta por el Congreso del Estado de Sonora en días pasados dista de la precisada en el Código Penal Federal, pues incluye el elemento de “homicidio doloso” el cual también ha sido contemplado en el Estado de México, Durango, Tamaulipas y Guanajuato; entidades caracterizadas por tener altos índices de violencia feminicida y que sin embargo, han encontrado serias dificultades para poder acreditar este delito bajo esa redacción.

Mencionó que el feminicidio, debe de ser considerado como un delito de naturaleza distinta al homicidio doloso, pues éste tipo de muerte no es resultado de una situación igualitaria, sino que responde a una supremacía del hombre hacia la mujer, donde el primero puede someterla, violentarla y privarla de la vida porque existe un aparato cultural, político, económico y jurídico que lo permite y que no lo juzga ni investiga de forma distinta.

El establecimiento del tipo penal de feminicidio contribuye por un lado a establecer una sanción por este tipo de asesinato, pero también a reconocer una problemática que va a la alza y que evidencia la falta de tratamiento institucional a la violencia estructural en la que vivimos los ciudadanos, particularmente las mujeres; lo que a su vez implica mayor compromiso político y jurídico por erradicar los niveles de violencia de las mujeres a fin de defender su vida, aseguró.

Desde hace varios años en Sonora existe la “agravante de género” para los casos de homicidio, no obstante como sucedió con Priscila Hernández Guerra, su aplicación se deja a criterio del Agente del Ministerio Público que integra la averiguación previa. El establecimiento de un tipo penal autónomo, es decir sin litigar el dolo, permitirá acreditar éste delito de forma más rápida, evitando así el peregrinar jurídico y mediático de familias que en vez de guardar luto tienen que litigar por una pena justa.

Sonora fue la segunda entidad federativa en legislar el derecho a la vida desde la concepción, sin embargo las políticas y marcos normativos actuales no han podido garantizar el respeto a la vida y salud de sus mujeres. La propuesta y argumento central por parte del Poder Legislativo y Judicial es la inclusión del dolo dentro del feminicidio, es decir, que exista la intención de quitar la vida, cuando en la mayoría de los casos registrados los homicidas señalan que sólo pretendían someterlas para su abuso sexual, no matarlas, por lo que el aprobación del dictamen legislativo sería inoperante.

La tipificación del feminicidio de forma autónoma requiere una reforma integral que lo permita ser catalogado como delito grave. Paradójicamente hasta el día de hoy en Sonora es más penado el abigeato que el asesinato a sus mujeres por misoginia.

El feminicidio es una forma de expresión de la violencia generalizada que se experimenta hacia las mujeres y niñas, especialmente en una entidad que ve de forma natural la publicidad sexista, donde la feria del pueblo basaba su eslogan en la comparación de sus mujeres con ganado.

La cancelación a la reunión con diputadas federales integrantes de la Comisión Especial del Feminicidio por parte del gobernador Guillermo Elías Padres, da cuenta de la poca disposición institucional sobre el tema. Impera un gobierno notoriamente masculinizado, con un poder legislativo que incluye diputadas que hablan pero no argumentan y no defienden sus propuestas.

El trabajo del poder legislativo es sentar las bases para una correcta aplicación del sistema de justicia, para que este pueda ser lo más preciso y objetivo posible, lo cual da cuenta de una verdadera intención por erradicar la violencia hacia las mujeres.

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